El 1 de enero de 2010 la población inmigrante empadronada en el Estado español ascendía a 5,7 millones de personas. Pese al recrudecimiento de los controles policiales racistas, del encarcelamiento en los Centros de Internamiento de Extranjeros y de las expulsiones, la política migratoria española no ha producido fundamentalmente inmigrantes expulsados sino inmigrantes amenazados de expulsión. El análisis de la Ley de Extranjería y su contextualización histórica en la historia de las migraciones en el capitalismo europeo revela el verdadero sentido de la política migratoria: instalar el miedo y la inseguridad para la explotación de un trabajo barato y servicial, imprescindible para el crecimiento de la economía española. La crisis no traerá consigo el retorno masivo de la población inmigrante, sino la intensificación de este modelo.