El derecho a una vivienda digna y adecuada no es sólo una exigencia política y moral. Su satisfacción efectiva es una obligación jurídica contraída por los propios estados tanto en el ámbito del derecho internacional como del derecho interno. Esta publicación pretende contribuir a la delimitación del contenido normativo del derecho a la vivienda y de los deberes que su consagración como derecho positivo supone para los poderes públicos y para los particulares.
A partir de un estudio de derecho comparado estatal e internacional, el autor explora diferentes estrategias normativas y jurisdiccionales de exigibilidad del derecho con un objeto preciso: mostrar que la ausencia de técnicas adecuadas de protección, sobre todo en el plano judicial, no responde tanto a la “naturaleza” del derecho como a la falta de “voluntad garantista” de los operadores jurídicos. Es por eso, sostiene el autor, que evitar la degradación del derecho a la vivienda a simple principio programático depende de la capacidad de los colectivos afectados de “apropiarse” de las disposiciones más avanzadas del derecho internacional y del derecho interno con el objeto de hacerlas valer frente a los poderes públicos y privados en diferentes escenarios, comenzando por el local. Más allá de las técnicas institucionales de garantía del derecho a la vivienda, la participación y las luchas de los propios involucrados se convertirían así en piedra de toque de su exigibilidad, no como concesión paternalista, revocable, sino como un auténtico derecho humano.