En los últimos años parece que se ha instalado un nuevo sentido común punitivo que explota el miedo como estrategia política. Esta política se ha infiltrado también en los movimientos de base. El nuevo sentido común punitivo está relacionado con la identificación con el Estado producida en y tras el fracaso del último ciclo político abierto en 2011.

Si una parte cada vez más amplia de la acción de los movimientos se dirige a la demanda de derechos como único horizonte político posible, otra parece reclamar soluciones punitivas para problemas como el racismo, el sexismo, la homofobia o la discriminación. Ante el racismo o la homofobia se demanda así una ampliación de los delitos de odio; ante las agresiones sexuales, un código penal «mejor»; ante cualquier problema, más Estado y paradójicamente más cárcel.