El espectacular avance que las ciencias de la vida han experimentado en la segunda mitad del siglo XX ha supuesto la apertura de un debate plagado de preguntas que difícilmente podíamos plantearnos décadas atrás. ¿Qué es la vida?, ¿estamos autorizados a modificarla en algún sentido? ¿podemos alterar de algún modo nuestra descendencia?, ¿es lícito sacar provecho económico de la información contenida en nuestros cromosomas?, ¿son aceptables las madres de alquiler?, ¿puedo aspirar a tener clones de mí mismo? Son algunas de ellas, pero no como meras especulaciones, sino como realidades tecnológicamente posibles en la actualidad. La ingeniería genética ha abierto la Caja de Pandora de nuestros temores ancestrales. En la confusión nos hemos visto obligados a legislar rápida y desordenadamente sobre temas de una dificultad tecnológica y conceptual más que considerable. Uno de los retos más importantes a los que ha tenido que enfrentarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, formulada en una época en la que la ingeniería genética apenas balbuceaba, poniendo a prueba su validez, es el de su adaptación al progreso tecnológico. Es cierto que en ella no se encuentra un artículo específico que reconozca el patrimonio genético humano como algo inmodificable, pero sí se encuentran los principios que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar las decisiones más controvertidas: el derecho a la intimidad, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad de conciencia, etc. En definitiva la Declaración es un texto útil que ha de ser enriquecido permanentemente actualizándolo.