El laicismo no supone simplemente la aconfesionalidad pasiva del Estado, sino una aconfesionalidad activa concretada en el compromiso de crear y preservar un espacio cívico-político definido exclusivamente por la ética y el simbolismo civil. La laicidad no se reduce tampoco a un debate entre clericalismo y anticlericalismo, sino a algo mucho más fundamental, un proceso que aspire a establecer un poder público al servicio de las mujeres y los hombres considerados en su condición de ciudadanos, y no en función de su identidad nacionalitaria, étnica, de clase o religiosa. Una sociedad democrática vigorosa necesita de sólidas instituciones políticas que garanticen una ciudadanía social y laica, y una vida civil, dinámica, abierta al mundo y con una personalidad que emane naturalmente de sus formas de convivencia. Conforme a tal propósito, el centro y fundamento de lo político no es ninguna esencia colectiva, ni el ius sanguinis, ni la adhesión a una fe revelada por muy verdadera que se crea, ni por supuesto la gloria de una dinastía o la hegemonía de una etnia, una raza, una idiosincrasia colectiva o una determinada cultura popular, sino la realización material y moral de aquel proyecto de convivencia del que la laicidad es requisito y cuya divisa continúa siendo, hoy como ayer, la misma: Libertad, Igualdad, Fraternidad.