La Ley Wert constituye un nuevo paso –que se suma a los dados anteriormente por los gobiernos socialistas, populares, convergentes o peneuvistas– hacia la implantación del modelo educativo neoliberal.
Pero dicho modelo educativo, cuyas directrices han establecido diversos organismos internacionales (fundamentalmente el Banco Mundial, la OCDE y la Unión Europea, pero no solo ellos), conduce inexorablemente a una educación socialmente segregadora, competitiva y acrítica, que acabará con cualquier veleidad de reequilibrio social a través del acceso al conocimiento.
Esta nueva ley no pretende mejorar el sistema, sino desmantelarlo.